Al responder a una solicitud realizada por Diario Libre, respecto a la legalidad del cobro que hace la empresa a los clientes, Pro Consumidor dijo que dada la escasa información que figura en la web de la entidad, requirió formalmente cualquier contrato o documento del que actualmente el proveedor se encuentre haciendo uso para el suministro o prestación del servicio a consumidores, para su correspondiente análisis.
“Una vez cumplido el debido proceso, en caso de que se constaten violaciones a la Ley 358-05 se procederá a la imposición de la sanción aplicable a las prácticas comerciales deshonestas identificadas y ordenar, mediante acto administrativo, el cese de la publicidad en los términos actuales”, indicó Pro Consumidor, sobre la cual también procederán a alertar a las autoridades de delitos penales.
Además, la institución informó que con otras entidades vinculadas también promoverá una campaña educativa con la finalidad de informar a los usuarios financieros del derecho de acceso a registros o bases de datos públicos o privados que contengan informaciones propias, así como del proceso de rectificación que las normas atinentes ponen a su disposición a fin de evitar que sean blancos de estafas.



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