El exdirector de la OMSA no adelantaba 20 %, pagaba todo

Manuel Rivas dijo a la Cámara de Cuentas que se puede no dar o dar menos del 20 %

SANTO DOMINGO. La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas (CC) a la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) reveló que la entidad pagaba el 100% de los bienes y servicios contratados a los diferentes suplidores, no así un 20% como establece la ley de Compras y Contrataciones.

“Se evidenció que la OMSA suscribió 36 contratos con proveedores de bienes y servicios por un monto de cincuenta y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos (RD$53,559,888) en los cuales no contempló el 20% de avances establecido en la Ley no. 340-06, y su reglamento de aplicación 543-12 en el artículo 108”, dice el informe.

En el cuadro detallado en el documento enviado a la Procuraduría General de la República se especifican las empresas a las que les pagaron desde un 40 % hasta un 100 % del monto acordado.

Manuel Rivas, exdirector de entidad, en su escrito de contestación al informe preliminar, dijo a los auditores que no constituye una obligación establecer el avance del 20 %.

“En efecto, el reglamento lo que indica es que las entidades contratantes no pueden hacer un avance o anticipo superior al 20 %, es decir, que puede no dar algún avance o dar menos del 20 %”, respondió Rivas.

Además, en el informe se establece que hubo duplicidad en la reparación de autobuses en talleres externos así como en el pago.

“Se verificó durante el año 2016, unidades reparadas dos veces por conceptos idénticos y/o similares, con facturas en fechas similares, por montos de ochocientos noventa y cinco mil novecientos treinta pesos (RD$895,930)”, dicen los auditores.

Los investigadores determinaron que cinco proveedores de servicios no cumplían con los requisitos de ley debido a que algunos no tenían domicilio y otros no contaban con estructura física, herramientas ni condiciones para tales fines.

Fallas de la UAI

La CC dijo que la entidad estatal realizó pagos por más de trescientos millones de pesos que fueron verificados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República pero que dichos desembolsos representan desviaciones a las normativas emitidas en la Ley 340-06.