“Es importante destacar que el total de activos del sector cooperativo se estima en RD$117,000.00 millones a 2017, que representan alrededor del 7% de los activos del sistema financiero nacional, casi similar a la ponderación del 9.9% que representan las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, superior al 3.7% de los Bancos de Ahorro y Crédito y al 0.23% de las Corporaciones de Crédito. Del citado total de activos del sector cooperativo, pertenece a las cooperativas de ahorros y créditos afiliadas a la AIRAC un monto de RD$55,000.00 millones correspondiente a 16 cooperativas y los restantes RD$61,000.00 millones a cooperativas no afiliadas, que superan las 800”, según indica el comunicado.
Reitera que “las autoridades Monetarias y Financieras jamás han pretendido, ni pretenden, regular a las cooperativas cerradas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, y que, muy por el contrario, valoran positivamente el fomento, crecimiento y desarrollo de ese tipo de cooperativa como una expresión importante de la economía solidaria y asociativa, que contribuye a dinamizar las actividades productivas del país y a mejorar los niveles de vida de las personas y asociaciones que participan en ellas”.
Explica que el anteproyecto de ley aprobado por la Junta Monetaria ha procurado el equilibrio entre la regulación de los riesgos que implican las operaciones de intermediación financiera con vínculos abiertos y los principios de economía solidaria y comunitaria que han caracterizado al sector cooperativista dominicano. “Se ha previsto una aplicación gradual de las normas prudenciales, así como el mantenimiento de su esencia y organización, para lo cual las cooperativas de ahorro y crédito seguirán bajo el amparo de la Ley de Asociaciones Cooperativas”.
Origen de la pieza
El Banco Central informa que recibió una solicitud del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para obtener la opinión de la máxima autoridad regulatoria del sistema financiero nacional, sobre el proyecto de ley elaborado bajo la coordinación de ese ministerio. Esta solicitud se fundamentó en un anteproyecto de ley de asociaciones cooperativas que había sido aprobado por la Junta Monetaria y remitido al Ministerio de la Presidencia, elaborado por el BCRD con la asesoría del BID y recomendaciones del FMI.



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